Por: Gerardo Garibay Camarena

La afirmación de que México es un estado fallido lleva años flotando detrás de los debates en materia de seguridad pública, utilizada como arma política y como sentencia de condenación sucesiva contra Calderón, Peña Nieto y López Obrador; respaldada por las historias de terror que se acumulan a lo largo del país, y matizada por el contraargumento de que, a pesar de todo, el gobierno sigue cobrando impuestos, pagando policías y financiando burocracia. A tiros y jalones, pero el sistema funciona.

¿Cierto?

Bueno, más o menos. Claramente, el Estado mexicano sigue siendo funcional, por las razones  que comentábamos: Se emite moneda, se paga burocracia, se aplican políticas económicas, se resuelven controversias de acuerdo a la legislación aprobada por las instituciones oficiales. Bien qué mal, la criatura camina; No es un estado fallido, pero sí es un estado fallante. Es decir, un estado que notoria, pero intermitentemente, queda rebasado por otros factores de poder; y esta semana estamos observando un ejemplo muy claro de este fenómeno:

Aprovechando la Semana Santa, un grupo de guanajuatenses decidieron irse de turistas a Saltillo, y los desaparecieron a medio camino, mientras viajaban por San Luis Potosí. El 5 de abril corrió la versión de que los habían encontrado, pero más tarde resultó que los encontrados eran otro grupo de 16 viajeros que también habían sido víctimas de la delincuencia en la misma zona; ¿Y de los viajeros guanajuatenses? Hasta el momento de escribir este artículo seguía sin saberse nada, a pesar de que llevan horas buscándolos hasta con helicópteros.

Y no, esta terrible situación no es “atípica”, todo lo contrario. Es otro claro recordatorio de que el gobierno mexicano está rebasado. Ya no hablemos de mantener la seguridad en las colonias o comunidades, ni siquiera pueden cuidar las carreteras, que, cabría suponer, son tramos lo suficientemente delimitados como para ser económica y logísticamente “fáciles” de proteger en un estado que opere en condiciones normales.

Bueno, pues México no puede, y este fenómeno no es nuevo. Buena parte de las carreteras del país llevan al menos 15 años sometidas a un virtual toque de queda y convertidas en espacios de poder y de combate para las mafias. Fuera de las capitales y ciudades principales, viajar en carretera se ha convertido en una labor de alto riesgo, porque incluso las carreteras federales y autopistas están controladas por cárteles de la droga, mafias locales de robo de autos y criminales varios.

Sin importar partidos y promesas, los mexicanos nos hemos resignado a que “el imperio de la ley” no aplica. A lo largo de país, con la familia y con los amigos acumulamos las pláticas y los consejos respecto a qué carreteras no tomar después de las tres o cuatro de la tarde, qué tipo de vehículos usar para reducir el riesgo de que nos asalten y en qué tramos es casi suicida viajar de noche en nuestro México, donde hasta nos cantan que “no se asusten si miran retenes” de soldados con tenis.

¿Qué sigue?

Bueno, pues el estado y su encarnación burocrática no quieren, no pueden y no saben enfrentar el problema, porque sus estructuras están profundamente corroídas por la corrupción y la incompetencia, así que la crisis pinta para largo, un paulatino desvanecimiento de las certezas, hasta que de fallante pasemos a fallido, sin que internamente se prevea algo capaz de alterar la tendencia, pero…ahí entran los Estados Unidos.

¿Por qué? Porque conforme se profundiza la guerra fría con China y la guerra tibia con Rusia, en Washington empiezan a entender la verdadera importancia de México como su principal socio comercial y un aliado clave, más allá del tema migratorio.  Acá llegarán muchas de las inversiones que regresen del oriente, acá están retirados millones de sus ciudadanos, acá está buena parte de sus cadenas productivas y mercados más importantes…y no pueden darse el lujo de que ese aliado colapse por completo. Por eso están madurando sus opciones.

Un ejemplo muy específico: el considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Cuando Trump comenzó a plantear esta opción, hace unos 5 años, incluso en su círculo cercano recibieron la idea como algo impensable. Un lustro, después, el propio fiscal general de la administración Biden declara abiertamente, en comparecencia ante el Senado, que “no se opondría” a dicha designación.

Sí, la crisis del fentanilo es una de las principales razones de este viraje, pero el problema no queda ahí; el asunto de fondo es que las guerras entre los cárteles, el caos subsecuente y las crecientes zonas de impunidad en México ya no son solo un problema para nuestro país. Son, y serán cada vez más, un problema de seguridad nacional para nuestro vecino, y nuestro vecino sí tiene los recursos y la determinación necesaria para cambiar los equilibrios y preservar un mínimo de normalidad.

No son casualidad las invitaciones de Ken Salazar para que Bartlett viaje a Washington, ni los dichos de Obrador recordando aquella vez en que (por motivos geopolíticos) Cárdenas apoyó a Ávila Camacho en lugar de a Mújica (su favorito).

• “Oye, ¿entonces los gringos van contra López Obrador, dices que apoyarán a Va por México?”

Por supuesto que no. Este no es un tema ni de ideologías ni de partidos, pero sí de proyectos políticos y de políticas públicas. A Estados Unidos le resulta irrelevante si gobierna Morena o el PAN, lo que le interesa es que ese gobierno sí gobierne, y no le ceda completamente el país a los cárteles o al caos…y esa operación está en marcha. Veremos qué resulta.